Los diputados cifraron en 1.45 billones de pesos el hueco que abre la facturación falsa: veintisiete de cada cien pesos que México recauda, evaporados por una puerta que la ley ya prohíbe y nadie cierra. El mismo día, el director del Infonavit consiguió que su declaración patrimonial fuera clasificada como confidencial, mientras el instituto condona cartera y ve subir su morosidad. Y la UNAM ordenó tres auditorías externas para reconstruir qué ocurrió en su propio examen de ingreso. Tres instituciones, un solo síntoma: la regla existe, el registro no la respalda, y nadie está obligado a explicar la diferencia.

Afuera el mecanismo se repite con otro acento. La ultraderecha alemana ganó un estado con el 44 por ciento y la norma que la excluye del poder tendrá que sostenerse ahora contra la aritmética, no contra un partido pequeño. Dos enviados estadounidenses aterrizaron en Kiev después de escuchar a Putin, y a eso se le sigue llamando mediación. Y el Pentágono investiga si la bomba que mató civiles en una boda iraní era suya. Cada una declara una cosa; cada registro dice otra.