La pregunta del jueves es quién fija la tarifa. Hacienda decidió que rodar sobre la vía vale 3 por ciento y no 1.25, y quien paga no firmó ese número. Washington fijó el precio de seguir en la lista tolerable: funcionarios mexicanos expuestos, arrestados y procesados por nombre propio. El electorado ya había fijado el del PRI —9.54 por ciento— y el partido llega a la mesa de las alianzas con esa etiqueta colgada al cuello.

Afuera ocurre lo mismo con otros nombres. Bruselas le ofrece a Canadá un estatus cuyo precio no está escrito en ningún tratado todavía. Los tenedores de deuda le cobran a Estados Unidos la factura de haber usado su sistema financiero como instrumento de presión: cinco por ciento a treinta años, oro saliendo de las bóvedas de la Reserva Federal. Y la agencia ambiental hace el movimiento contrario: borra el precio del carbono y llama ahorro a los 310 mil millones que deja de cobrar.

Seis decisiones, un solo verbo. Poner precio es la forma más discreta del poder, porque no obliga a nadie: solo vuelve caro desobedecer.