Acomodo el ala de mi sombrero negro, fijo la mirada a través del patrón ajedrezado de mi máscara y pongo las cartas sobre la mesa: la política mexicana puede inventar la coreografía que quiera para maquillar la realidad — pero la Constitución no se dobla ante ningún espectáculo.

La pregunta que hoy se analiza: ¿Puede alguien con una orden de aprehensión activa aspirar a una candidatura y pedir el voto ciudadano?

El discurso fácil dirá que no. La propaganda partidista jurará que sí bajo el pretexto de que “no hay sentencia firme.” Pero el Estado de derecho no se rige por eslóganes de campaña ni por cálculos electorales.

La Constitución no es optativa

Nuestra Carta Magna es contundente. El Artículo 38 constitucional contempla con absoluta claridad la suspensión de derechos ciudadanos para quien se encuentre prófugo de la justicia tras librarse una orden de aprehensión.

• Presunción de inocencia, sí: enfrentarse a un proceso y defenderse ante los tribunales es un derecho legítimo.
• Impunidad electoral, no: sustraerse de la acción judicial para refugiarse en una candidatura es una burla al marco legal.
• Certeza jurídica: una postulación no anula una orden judicial — ni una acusación equivale en automático a culpabilidad.

Antes de tapizar las calles con propaganda, imprimir millones de boletas y montar el clásico espectáculo de victimización, la ciudadanía exige respuestas sin rodeos:

• ¿Existe la orden judicial y se encuentra vigente?
• ¿Por qué delito se libró y cuál es la situación jurídica del señalado?
• ¿Está la persona prófuga o formalmente a disposición de la autoridad?
• ¿Sus derechos político-electorales están legalmente vigentes o suspendidos?

El voto no es amnistía

Los partidos han envilecido la justicia: cuando el mandato judicial golpea al adversario, celebran el rigor de la ley; cuando alcanza a sus propias filas, denuncian persecución y lawfare. La ley no cambia de criterio según el color del chaleco partidista.

El electorado tiene derecho a saber a quién lleva a las urnas. La autoridad electoral tiene el deber de verificar los requisitos constitucionales — y los tribunales, la obligación de hacer valer la norma.

La interrogante no es si el aspirante es popular, carismático o cuántos votos promete arrastrar. La única pregunta que importa es: ¿cumple con la Constitución para estar en la boleta?

Si cumple, que compita. Si no, que enfrente a la justicia.

El voto no es un indulto ni una amnistía personal. La boleta electoral existe para elegir gobernantes que den la cara a la ley — no para servir de trinchera a quienes buscan esconderse de ella.

Jacques Mattes