Chevron se comprometió a duplicar su producción de petróleo en Venezuela con una inversión de siete mil millones de dólares, la primera gran apuesta de una petrolera estadounidense de ese tamaño en el país latinoamericano desde el deshielo con el gobierno de Nicolás Maduro. La firma ocurrió en Caracas con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, presente en la mesa junto a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, en una visita en la que Washington ha venido presionando a compañías internacionales para que inviertan en el país. La italiana Eni firmó su propio acuerdo en el mismo acto, y las coberturas consignan también la participación de General Electric.

El grupo con sede en Houston, que hoy extrae alrededor de doscientos cuarenta mil barriles diarios en territorio venezolano, plantea llevar esa cifra a unos seiscientos mil. El argumento económico es claro: el crudo venezolano, que puede mezclarse con crudo ligero estadounidense, tiene un costo de extracción cercano a los veinte dólares por barril, muy por debajo del precio de mercado en un momento en que el Brent se sostiene por encima de los noventa por la escalada en el Golfo Pérsico. Wright calificó la jornada de transformadora y encuadró la operación dentro de lo que el presidente Trump pidió para las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Del lado venezolano, el gobierno busca atraer inversión del orden de los cien mil millones de dólares y sostiene que a fines de junio recuperó el control de sus reservas. Lo que no aparece en el anuncio es el calendario: la industria venezolana arrastra años de desinversión y salida de personal técnico, y los analistas consultados por la prensa financiera coinciden en que duplicar la producción es un proyecto de años, no de trimestres.

El tablero

• Chevron decide cuánto capital desembolsa realmente en los primeros dos años, que es donde se ve si la meta es plan o anuncio.
• El gobierno venezolano decide qué garantías jurídicas ofrece para que la inversión sobreviva a un cambio de gobierno en cualquiera de los dos países.
• El Congreso estadounidense decide si somete a revisión un acuerdo negociado por el Ejecutivo con un gobierno todavía sancionado.

Irán lanzó misiles contra aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico en represalia por una nueva ofensiva del Pentágono, ampliando el conflicto hacia los países que alojan bases estadounidenses en lugar de responder contra territorio norteamericano. El intercambio rompió la calma relativa de las semanas previas: la escalada comenzó cuando el ejército iraní disparó cohetes contra posiciones en el estrecho de Ormuz argumentando que Estados Unidos planeaba usarlas para bloquear el paso, y Washington respondió con ataques nocturnos contra objetivos militares iraníes. Los proyectiles iraníes contra Jordania fueron interceptados. La guerra llega así a su sexto mes con las dos partes repitiendo movimientos que ya hicieron: la cobertura estadounidense la describe como una estrategia que entra en reposiciones, con Trump girando en círculos entre amenaza, ataque y pausa sin que ninguno de los objetivos declarados se cumpla. En el terreno se acumulan los costos indirectos. El portaviones USS Abraham Lincoln atracó en Tailandia tras doscientos ochenta y seis días en el mar —un récord de despliegue consecutivo para un portaviones nuclear estadounidense—, con reportes de deterioro en la salud mental de la tripulación y en las condiciones de la nave, mientras el secretario de Defensa extiende los despliegues en Medio Oriente. En Washington, el Pentágono retiró de su portal interno décadas de documentos clasificados poco después de que se publicara una nota sobre las preocupaciones de oficiales militares respecto de la guerra. Y en el mapa energético empiezan a moverse las rutas: Siria se ofrece como corredor alternativo para el petróleo del Golfo con opciones de tránsito que evitan por completo el estrecho de Ormuz.

El tablero

• Los países del Golfo deciden cuánto tiempo aceptan alojar bases que se han vuelto blanco, y con qué condiciones nuevas.
• El Pentágono decide si sostiene los despliegues extendidos o rota fuerzas, con el desgaste operativo que ya reportan sus propias unidades.
• Teherán decide si mantiene la represalia contra terceros o vuelve a la amenaza sobre el tráfico marítimo, que es lo que mueve el precio.

Un juez federal rechazó la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos de dividir el negocio de publicidad en línea de Google, con lo que cierra el último gran caso antimonopolio abierto contra la empresa. La decisión no absuelve: el mismo tribunal había determinado que Google mantuvo monopolios ilegales en el mercado de tecnología publicitaria, y en su resolución ordena cambios en la forma en que la compañía opera, dirigidos a frenar las tácticas de bloqueo que le permitían cerrar el mercado a competidores. Lo que niega es el remedio estructural: la separación forzosa de la unidad de negocio. Es la segunda vez en dos años que un tribunal estadounidense declara que Google incurrió en conductas monopólicas y aun así se abstiene de partir la empresa, después de que el año pasado un juez decidiera algo equivalente respecto del negocio de búsqueda. El patrón que se consolida tiene consecuencias que van más allá de esta compañía. Durante décadas, la amenaza creíble de una división fue el instrumento que dio poder de negociación a los reguladores estadounidenses frente a las grandes corporaciones; era el argumento que obligaba a ceder antes de llegar a juicio. Si el remedio realista se limita a modificar conductas y no a alterar estructuras, el cálculo de riesgo de toda plataforma dominante cambia: incumplir se vuelve un costo previsible y administrable, no una amenaza existencial. La resolución llega mientras otras agencias federales mantienen litigios abiertos contra otras grandes tecnológicas, y en un momento en que el propio gobierno estadounidense está negociando con esas mismas empresas su papel en la expansión de la inteligencia artificial.

El tablero

• El Departamento de Justicia decide si apela la negativa a la división o acepta el remedio de conducta.
• Google decide con qué rapidez implementa los cambios ordenados, que es donde se verá si el remedio tiene dientes.
• Los reguladores europeos y mexicanos deciden si el precedente estadounidense les sirve de referencia o de contraejemplo.