Prospectiva política · Política 101
Fata Morgana
Lo que se ve en el horizonte…
El Motor — lo que es real
El combustible ilegal en México dejó de entrar burlando a la aduana para entrar desde dentro de ella —la Fiscalía General documentó que la red gestionaba los nombramientos y ascensos de quienes la vigilaban— y el mismo día apareció en Nuevo León con cien metros de túnel propio bajo un parque industrial y treinta y siete millones de pesos en automóviles estacionados en San Pedro.
Dos lecturas posibles
Escenario A
Es un expediente que se está cerrando
La lectura más plausible es la que sostiene la propia autoridad, y tiene evidencia detrás. Los dos exmandos de la Marina señalados como cabezas de la red están recluidos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos. La Fiscalía ya no describe indicios sino un modo de operación completo: la ruta desde Texas, la declaración del hidrocarburo como aceite o aditivo, los pagos por embarque, las inspecciones simuladas. Y los cateos cambiaron de objetivo: en San Pedro no se buscaba mercancía ni armas, se buscaba al administrador financiero. Perseguir al contador y no al operador de calle es la única línea que llega a los bienes, y es señal de que la investigación entiende dónde está el cuerpo del delito. Cuando el Estado deja de contar decomisos y empieza a contar patrimonio, está midiendo el problema por primera vez del tamaño que tiene.
La red fue detectada en cinco estados —Tamaulipas, Baja California, Ciudad de México, Colima y Sonora—, y en la bodega asegurada en la capital aparecieron listas de aduanas marítimas y expedientes de personal naval clasificados como reservados. Es un caso con dimensión nacional documentada, no una banda regional.
Escenario B
No es un expediente: es una parte del mercado
¿Y si lo que se está desmantelando fueran los operadores de un mercado que no se desmantela con ellos? Cien metros de túnel bajo un parque industrial en operación no son la obra de quien planea un golpe: son la inversión de quien proyecta años de suministro. Requieren excavación, retiro de material, movimiento de vehículos pesados y una rutina que los vecinos industriales vieron sin que nadie la interrumpiera. Bajo esta lectura, quitar a los hermanos y asegurar nueve autos no toca lo que sostiene el negocio, que es la demanda: un corredor logístico que compra diésel todos los días y una diferencia de precio que el fraude cubre. La prueba de que el mercado manda está en el propio dato oficial de Nuevo León: el promedio estatal del diésel se ubicó en 27.06 pesos por litro, por encima del tope de 27 pesos que el gobierno pactó con los gasolineros, y Profeco detectó una estación en Monterrey vendiéndolo en 27.99 con un margen de 2.34 pesos. Si el precio legal no obedece ni al acuerdo firmado, el precio ilegal no obedece a una detención.
Si en el siguiente corte de Profeco el promedio estatal de Nuevo León baja del tope de 27 pesos o sigue por encima. Y si aparecen otros predios con el mismo esquema sobre el eje de la carretera a Saltillo: el segundo túnel convierte al primero en método.
Ruptura
El combate exitoso encarece la economía que quería proteger
Hay una salida que reordena el tablero antes de que A o B maduren, y llega desde afuera. El barril de Brent tocó 98.06 dólares y acumula 11.6 por ciento de alza desde el 26 de agosto, empujado por una guerra que nadie en México decide. Si ese precio se sostiene mientras la fiscalización efectivamente retira del mercado el combustible sin impuesto, las dos curvas se cruzan en el peor punto posible para un estado que vive de mover carga por carretera: el costo logístico sube por los dos lados a la vez. En ese escenario el gobierno enfrenta una elección que nunca quiso formular en público —perseguir el fraude o contener el precio— y descubre que durante años el combustible ilegal estuvo funcionando como un subsidio de facto al transporte regional, sin que nadie lo hubiera decidido ni presupuestado. Un subsidio que nadie aprobó es imposible de retirar sin que alguien lo sienta, y el que lo siente primero es quien menos margen tiene: el transportista de una sola unidad.
Que el acuerdo voluntario de precios entre el gobierno federal y los gasolineros se vuelva a renovar sin que el promedio estatal del diésel en Nuevo León regrese por debajo de los 27 pesos por litro, con el Brent sostenido arriba de 95 dólares.
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