Chevron y Eni firmaron en Caracas con el secretario de Energía estadounidense sentado en la mesa: siete mil millones de dólares y el compromiso de duplicar la producción de las mayores reservas probadas del mundo. No hizo falta tomar nada. Un juez federal, el mismo día, resolvió que Google conserva íntegro el negocio de publicidad que ya había sido declarado monopolio ilegal. Tampoco ahí se ejerció fuerza: se firmó una sentencia.

Adentro, el mecanismo se repite en tinta más barata. El SAT canceló la facturación a 2 mil 205 empresas después de que 935 millones de barriles entraran al país declarados como otra cosa: más de 730 mil millones de pesos perdidos sin una sola toma clandestina, solo con pedimentos aduanales en regla. Y en Santa Catarina, la superficie vendida para la inversión más publicitada de la década se acredita con una escritura firmada, según quienes la reclaman, a nombre de un general que murió en 1931.