La Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que obliga a quien aspire a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de registrarse como candidato. La iniciativa modifica los artículos 82, 116 y 122, y añade que quienes ocupen esos cargos no podrán adquirir otra nacionalidad, utilizar pasaportes o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos ante otro Estado ni acogerse a su protección diplomática.

El argumento oficial es la lealtad. En sus palabras: que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro, y que se impidan conflictos de lealtad frente a posibles injerencias extranjeras. La medida no es solo para candidatos presidenciales: alcanza también a gobernadores en funciones, y amplía el llamado “candado de residencia”.

Nueve de las trece portadas nacionales de hoy abrieron o destacaron con esto. Es, por volumen, el hecho político del día. Pero el volumen no es el análisis.

Hay dos lecturas legítimas y ambas se sostienen. La primera es de principio: un Estado puede razonablemente exigir exclusividad de lealtad jurídica a quien ejerce el poder ejecutivo, y varios países lo hacen. La segunda es instrumental: la reforma tiene destinatarios identificables. La prensa señaló de inmediato que cierra la puerta a las aspiraciones del exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, cuya nacionalidad estadounidense ha sido objeto de litigio. Una reforma constitucional que resuelve un caso concreto es una herramienta distinta de una que fija una regla.

Lo que la iniciativa no toca es el mecanismo. La injerencia extranjera documentada en México en la última década no ha operado por la vía de la doble nacionalidad de un gobernante. Ha operado por financiamiento opaco de campañas, por contratación pública con proveedores extranjeros, por cooperación en materia de seguridad negociada sin contrapesos, y por presión comercial directa —la misma que esta semana volvió a aparecer en boca del canciller Marcelo Ebrard al describir la tensión entre Estados Unidos y Canadá como un riesgo para México—. Ninguno de esos canales requiere que el funcionario tenga dos pasaportes.

El tablero

• Quién gana. El Ejecutivo, que fija la agenda constitucional a dos días de su segundo informe y con 68.4 % de aprobación declarada.
• Quién pierde. Aspirantes con nacionalidad extranjera acreditada, empezando por García Cabeza de Vaca; y la oposición, que enfrenta un debate donde el costo de oponerse es alto.
• Dónde se decide. En el Congreso. Requiere mayoría calificada: dos terceras partes de cada cámara más la mitad de los congresos estatales.
• El obstáculo real. Morena perdió mayoría calificada en el Senado esta semana por bajas en su bancada —de 67 a 65 integrantes con la salida de Enrique Inzunza—, lo que la obliga a negociar votos que antes no necesitaba.

Una jueza federal vinculó a proceso al excontralmirante Fernando Farías Laguna por su presunta participación en la red de huachicol fiscal, y determinó que seguirá preso en el penal del Altiplano mientras avanza la investigación de la FGR. Es el rango más alto de la Armada procesado hasta ahora por este caso.

El mismo expediente produjo el otro hecho del día, y es el que merece atención. La jueza citó como testigo al almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, para que declarara en calidad de testigo. La dependencia respondió que no lo encontraba, pese a tener el domicilio de estilo del citatorio. El abogado del litigante señaló que proporcionó el domicilio actual y que la Fiscalía no lo localizó.

Conviene ser preciso, porque el matiz importa: Ojeda no está imputado. Fue citado como testigo, y ha sido mencionado en el caso —según la propia Fiscalía— sin que exista denuncia en su contra. La distinción es jurídicamente real y hay que sostenerla.

Pero el hecho administrativo sigue siendo el hecho: el Estado mexicano informó a un juez que no puede localizar al hombre que dirigió su Armada durante seis años. Eso no dice nada sobre su culpabilidad. Dice mucho sobre la capacidad del aparato de procuración de justicia para alcanzar a sus propios mandos cuando decide buscarlos.

En paralelo, la UIF, Hacienda y Pemex firmaron un convenio para intercambiar información y generar alertas sobre el mercado ilícito de combustibles. Es la respuesta institucional del día: mejorar el flujo de datos entre tres dependencias. Es útil y llega tarde. El huachicol fiscal no operó por falta de datos: operó porque quien debía vigilar la aduana marítima era parte de la red.

El tablero

• Dónde está el caso. Farías Laguna, vinculado a proceso y en prisión preventiva en El Altiplano. La investigación complementaria sigue abierta.
• Qué falta. La cadena de mando. Ningún documento público explica todavía cómo se autorizaba el paso del combustible ni quién firmaba arriba.
• El frente externo. México reclama a Estados Unidos la extradición de personas vinculadas a la red; hay pedimentos sobre antiguos mandos de Semar y empresarios.
• El contrapeso ausente. No existe una instancia civil con facultades reales de auditoría sobre las operaciones aduanales bajo control militar.

Las exportaciones mexicanas superaron por primera vez los 80 mil millones de dólares en un solo mes. En julio sumaron 81,420 millones, con un crecimiento anual de 43.7 % —el mayor en dieciséis años—. Las manufacturas aportaron 76,306 millones, y el empuje vino de las manufacturas no automotrices: equipos de cómputo y electrónicos vendidos a Estados Unidos, asociados al auge de inversión en inteligencia artificial, fabricación de chips y centros de datos.

El mismo día, el mismo instituto publicó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. La población ocupada creció en 671 mil personas hasta 60.7 millones. Pero el número de trabajadores en la informalidad pasó de 33.1 a 34.1 millones: un millón más en un mes, y la tasa de informalidad subió de 55 a 56.2 %, su nivel más alto en más de un año.

Los dos son récords. Los dos son de julio. Los dos son del INEGI. Uno se leyó como buena noticia en las portadas de El Financiero, El Economista, El Universal, Milenio y Reforma. El otro salió en El Sol de México y prácticamente en ningún otro lado.

La lectura fácil sería la contradicción: el país crece y empobrece. No es exacta, y conviene decir por qué. Un mes de exportaciones récord y un mes de informalidad récord pueden coexistir sin contradicción porque miden cosas que casi no se tocan. El auge exportador de electrónicos ocurre en un puñado de plantas altamente capitalizadas que emplean a poca gente en relación con el valor que mueven. La informalidad crece en el comercio, los servicios y la construcción, donde está la mayoría del empleo del país.

Ese es exactamente el problema, y es estructural: México tiene un motor exportador de clase mundial que no está conectado al mercado laboral que lo rodea. El crecimiento existe. La transmisión no. Fernando Bermúdez, de ManpowerGroup en América Latina, lo dijo en términos suaves: el país genera ocupación, pero el reto pendiente es que ese crecimiento se traduzca en empleos formales.

Hay además dos señales de que el récord no es tan sólido como se leyó. El déficit de la balanza comercial se ubicó en 847.5 millones de dólares en el mes, porque las importaciones crecieron aún más rápido —45 %, a 82,267 millones—. Y Vietnam desplazó a México como principal origen del déficit comercial de Estados Unidos, en un momento en que el canciller Ebrard advierte que la tensión comercial entre Washington y Ottawa no favorece a México.

El tablero

• Qué creció. Exportaciones no automotrices: cómputo, electrónicos y equipo asociado a centros de datos e inteligencia artificial.
• Qué no. El empleo formal. El aumento de ocupación de julio se explica principalmente por informalidad.
• El dato que se pasó por alto. Déficit comercial de 847.5 mdd en el mes: las importaciones crecieron 45 %, más que las exportaciones.
• El riesgo externo. Vietnam desplaza a México en el déficit estadounidense y la negociación comercial de EU con Canadá fija precedentes que a México no le convienen.