Lo que escuchamos en “La Mañanera” en Palacio Nacional no fue solo un reporte administrativo; fue la confesión, acaso involuntaria, de la irrelevancia diplomática.

La administración actual se rasga las vestiduras porque Washington ha puesto un freno a la cacería de personajes como Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Víctor Manuel Álvarez Puga. El Gobierno de México nos dice que ha formulado 269 solicitudes de extradición entre enero de 2018 y mayo de 2026. ¿El resultado? Cero. Ni una entrega.

Un marcador de 269 a 0 que retrata con precisión quirúrgica el estado de la cooperación bilateral.

La presidenta Sheinbaum intenta equiparar las cosas, alegando que Estados Unidos también exige pruebas — como ocurre con el caso del Gobernador de Sinaloa — y que esto es una “práctica recíproca”. Pero aquí es donde la narrativa cojea. Comparar un proceso de justicia penal con una estrategia política de dilación es, cuando menos, un acto de malabarismo retórico.

Los números que presentó el canciller Roberto Velasco son escalofriantes: de esos 269 casos, 36 fueron negados y 233 siguen en el limbo, esperando en distintas fases. ¿Qué significa esto realmente? Que mientras en la mañanera se proyectan diapositivas sobre la “soberanía” y la “dignidad”, en los pasillos de Washington, México es tratado como un socio de tercera categoría al que se le responde con expedientes incompletos y negativas rotundas bajo la premisa de que “ninguno de los estados está obligado a entregar a sus nacionales.”

La presidenta dice que el Ejecutivo no interviene, que todo es trabajo de la Fiscalía. Pero seamos serios: cuando una solicitud de detención provisional de un empresario acusado de facturación ilegal es negada por “no ser un delito violento”, lo que Estados Unidos nos está diciendo — sin necesidad de usar palabras diplomáticas — es que no confía en la solidez ni en la imparcialidad de nuestras carpetas de investigación.

México pide reciprocidad, pero la reciprocidad se construye con confianza, no con discursos mañaneros que parecen más diseñados para el consumo interno que para el respeto internacional.

Estamos ante una crisis de credibilidad. La “comentocracia”, como la llama la presidenta, no cuestiona que se pidan pruebas; cuestiona la ineficacia de un Estado que tras 269 intentos no ha logrado traer a un solo pez gordo de vuelta a casa. Si la estrategia es el choque bajo el velo de la “cooperación”, el resultado es este: el estancamiento absoluto, donde la justicia se convierte en una simple postal política, mientras los señalados siguen protegidos por la burocracia que México mismo ayudó a validar.

Como bien dicen, en la política, como en la vida, si no puedes convencer, confunde. Y en este tema de las extradiciones, el Gobierno es experto en la confusión.

¿Considera usted que la exigencia de “pruebas adicionales” por parte de Estados Unidos es un mecanismo legítimo de protección judicial o una herramienta de presión política contra el Estado mexicano?

Jacques Mattes