El gobierno de México ha dado un paso audaz al aprobar, a inicios de diciembre de 2025, la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. En un país donde la crisis hídrica es cada vez más aguda, con acuíferos sobreexplotados, sequías recurrentes y millones de personas sin acceso regular al recurso, es indiscutible que el Estado debía asumir su responsabilidad para poner orden en la gestión del agua.

Esta legislación busca precisamente eso: reconocer el agua como un derecho humano, priorizar su uso doméstico y eliminar prácticas especulativas que han permitido el acaparamiento y la mercantilización del recurso durante décadas. El tiempo y los hechos dirán si funciona, pero es justo reconocer que el Ejecutivo y el Congreso han actuado en un tema de relevancia nacional impostergable.

Lo bueno

La ley fortalece la rectoría del Estado al centralizar en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la otorgación, supervisión y reasignación de concesiones, eliminando la transmisión privada de derechos que fomentaba mercados opacos y concentración en pocas manos.

Se prioriza explícitamente el consumo personal y doméstico, alineándose con el artículo 4° constitucional y tratados internacionales. Además, introduce conceptos como la “responsabilidad hídrica” para premiar buenas prácticas, crea un Registro Nacional del Agua más transparente y endurece sanciones contra extracciones ilegales o contaminación.

Tras protestas del sector agrícola, se incorporaron modificaciones (hasta 68 en total) que garantizan la herencia y transmisión de derechos en ventas de tierra, así como procedimientos expeditos para reasignaciones. Estos ajustes muestran que, al menos en parte, se escucharon voces críticas, evitando afectaciones retroactivas graves al campo y promoviendo un uso más equitativo y sustentable.

Lo malo

Sin embargo, la forma en que se aprobó deja un sabor amargo. El proceso fue acelerado “fast track” o “exprés”, como lo denominaron opositores, con sesiones maratónicas en Diputados y aprobación en el Senado apenas horas después de recibir la minuta, sin cambios significativos en lo particular.

Esto generó protestas masivas de agricultores, bloqueos en carreteras y aduanas, y acusaciones de falta de diálogo genuino. La oposición (PAN, PRI, MC) denunció centralismo excesivo, riesgo de discrecionalidad política en revocaciones de concesiones y posible inconstitucionalidad por no consultar adecuadamente a pueblos indígenas.

Aunque se incorporaron reservas, críticos sostienen que no resuelven el núcleo: la prohibición de transferencias privadas podría generar incertidumbre jurídica, desincentivar inversiones en tecnificación y afectar a millones de productores que dependen del binomio tierra-agua.

Lo faltante

La ley es un avance normativo, pero adolece de elementos clave para su éxito real. Falta un financiamiento robusto y claro: Conagua gana atribuciones, pero sin recursos adicionales ni mecanismos de corresponsabilidad fiscal con estados y municipios, difícilmente podrá cumplirlas eficazmente.

No hay un programa nacional ambicioso de infraestructura, reposición de tuberías, reducción de fugas (que superan el 40% en muchas ciudades) o desalación. Tampoco se fortalece suficientemente la participación ciudadana: los consejos de cuenca y mecanismos de consulta quedan subordinados al Estado, sin contrapesos reales contra posibles abusos.

Finalmente, echo en falta un enfoque más integral al cambio climático, con estrategias obligatorias para adaptación en cuencas vulnerables y protección ecosistémica.

Conclusión

En conclusión, el gobierno hace bien en intervenir para ordenar un caos heredado. La nueva ley tiene potencial para garantizar un acceso más justo al agua, pero su implementación dependerá de reglamentos secundarios, presupuesto y voluntad política.

Es momento de trascender la polarización: el agua no es de un partido ni de un sector, es de todos los mexicanos.

Solo con diálogo continuo, transparencia y correcciones oportunas evitaremos que esta reforma, bien intencionada, termine en conflictos mayores.

El desafío ahora es pasar de la ley a la acción efectiva.