Este es el primer paso para obligar a todos los actores involucrados en la seguridad ciudadana a participar activamente en el combate y prevención de los llamados “delitos de alto impacto”.
Monterrey, Nuevo León.- En respuesta a la creciente ola de violencia que afecta al estado, el Congreso de Nuevo León ha aprobado reformas significativas a la Ley de Seguridad Pública. Estas modificaciones buscan establecer un marco legal claro y coherente para enfrentar los delitos de alto impacto, como homicidios, secuestros, extorsiones y robos con violencia, que han generado gran conmoción social.
El coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, junto con los diputados Javier Caballero Gaona y José Manuel Valdez Salazar, impulsaron estas reformas con el objetivo de mejorar la coordinación entre las distintas instancias de seguridad, optimizar el uso de recursos y fomentar la participación ciudadana mediante la denuncia. Treviño Cantú destacó que la inseguridad en la entidad, cuya cifra de asesinatos en 2024 solo es superada por la registrada en 2011, refleja la falta de una estrategia coordinada entre los diferentes entes gubernamentales.
Entre las modificaciones aprobadas se encuentran cambios en los artículos 4, 15, 32 y 38 de la Ley de Seguridad Pública, así como la adición de nuevas fracciones que establecen como objetivo prioritario la disminución de estos crímenes.Además, se contempla la obligación legal de que los integrantes del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado, incluido el gobernador, asistan a las sesiones convocadas cuando ocurran hechos delictivos de alto impacto o la percepción ciudadana de inseguridad sea alta.
Las reformas también buscan combatir la “cifra negra” de delitos no reportados, que alcanza el 93%, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y promoviendo la cultura de la denuncia. Treviño Cantú enfatizó que la reducción de los delitos de alto impacto no solo mejoraría la seguridad de los ciudadanos, sino que también tendría efectos positivos en el desarrollo económico y social de la región, al atraer inversiones, fomentar el turismo y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Con estas reformas, Nuevo León da un paso firme hacia la construcción de un entorno más seguro y propicio para el desarrollo integral de la sociedad.
