Inicia un nuevo y lucrativo mercado negro.
La Cámara de Diputados de México aprobó una reforma constitucional para prohibir la producción, distribución y venta de vapeadores, cigarros electrónicos, precursores químicos y el fentanilo. La medida, avalada con 410 votos a favor, responde al interés de proteger la salud pública, según sus promotores, y ahora será discutida en el Senado. Sin embargo, ha generado un debate intenso entre quienes apoyan la prohibición y quienes piden una regulación responsable, señalando la necesidad de abordar los problemas desde una perspectiva más amplia.
La reforma ha sido criticada por la oposición, que sostiene que un veto total no resolverá los problemas de salud ni reducirá el consumo. Diputados como Irais Reyes, de Movimiento Ciudadano, se manifestaron en contra, calificando la medida como un ataque a las libertades personales. Otros, como Paulina Rubio del PAN, señalaron que la prohibición no enfrentará el problema del fentanilo, una droga que ha incrementado los tratamientos por adicción en un 29% en un año, y advirtieron que minimizar su impacto equivale a ignorar una crisis nacional.
Por otro lado, la oposición subraya los riesgos de fomentar el mercado negro. Según el diputado César Alejandro Domínguez, prohibir los vapeadores podría fortalecer redes criminales que lucran con un mercado clandestino que genera entre tres y cinco mil millones de pesos anuales. Proponen en cambio regular estos productos para garantizar controles de calidad, reducir riesgos para los usuarios y generar recursos que podrían fortalecer el sector salud.
Legisladores como María Angélica Granados destacaron que la regulación no implica fomentar el consumo, sino reconocer la realidad de su existencia y tomar medidas para mitigar sus consecuencias. De este modo, el debate sobre el enfoque adecuado continúa, mientras la reforma avanza al Senado, enfrentando posturas divididas sobre cómo equilibrar salud pública, derechos ciudadanos y control del mercado.
